El juez que condenó al expresidente Alberto Fujimori a 25 años de prisión, hizo un balance de la aplicación del Código Penal, herramienta jurídica que está a punto de cumplir 25 años de haberse promulgado.
Por Cesar Flores Córdova. 28 noviembre, 2016.
Foto: Ideeleradio.
El doctor César San Martín es uno de los penalistas más respetados del país y, pasó a la historia, porque fue el juez que presidió la Sala Penal Especial que condenó al expresidente Alberto Fujimori, a 25 años de prisión, por delitos de lesa humanidad. San Martín ha sido presidente de la Corte Suprema de Justicia; hoy es Vocal Supremo, y docente de la Maestría en Derecho Público de la Universidad de Piura. Durante el último fin de semana, hizo un balance de la aplicación del Código Penal, herramienta jurídica que está a punto de cumplir 25 años de haberse promulgado.
Se cumplen 25 años del Código Penal Peruano (CPP), ¿cuál es el balance de su aplicación?
El balance es francamente contradictorio. El Código tuvo como ejes fundamentales una normalización, la asunción de un criterio preventivo, la línea de formalidad en la respuesta penal y el intento de tratar, de modo muy técnico, todos aquellos aspectos del derecho penal general. Sin embargo, la evolución de Código, a raíz de la instauración de una dictadura, de una transición bastante confusa, unida a modelos populistas y frente a la exposición de la criminalidad violenta y patrimonial, presenta una serie de vacíos que han intentado ser cubiertos con una serie de normas especiales. Esto ha generado una destrucción del principio de proporcionalidad, tenemos un ordenamiento punitivo contradictorio, sumamente represivo, muy poco flexible y, por ende, se requiere de un alto en el camino, una reflexión profunda; intentar trazar nuevos lineamientos para una legislación penal que cumplan los grandes principios de un estado constitucional.
Se sabe que la inseguridad ciudadana ha endurecido el CPP. Hace poco se intentó hacer reformas, pero fueron observadas por el Ejecutivo…
Se necesita una reflexión profunda y renovadora de las instituciones penales. El punto fundamental es que se requiere tener muy claras las políticas penales desde el mismo estado. ¿Los métodos y los planteamientos de políticas públicas y política penal son compatibles con nuestro estado democrático? ¿El endurecimiento del derecho penal ha sido la respuesta que nos ha permitido contener la criminalidad? Por endurecer las penas, ¿estamos más seguros? Hay una constatación evidente: la rigidez del derecho penal ha fracasado rotundamente. Y esto exige punto de vista distinto, una aptitud y actitud del estado para ver el fenómeno criminal como un fenómeno social; políticas públicas globales, mejorar el índice de desarrollo humano y, después, definir cómo el derecho penal puede contribuir, con sus pocas posibilidades, a detener esta ola de criminalidad que se ha desatado.
¿Cuál debe ser el espíritu de un nuevo Código Penal?
Debemos tener en claro cuáles son aquellas conductas criminales que van a merecer una respuesta fuerte del estado, y tenemos que ajustar esa precisión a las potencialidades que tiene para enfrentar este fenómeno. Esto en relación con las conductas de poca o mediana lesividad y de los delincuentes que se presentan en ambos ámbitos. Tenemos claro que la pena privativa de la libertad, en estados tan deficitarios como el nuestro, no debe ser el eje principal para enfrentar los delitos de mediana y poca gravedad y a los delincuentes ocasionales y de poca peligrosidad. Las respuestas deben ser intensamente distintas. Y, sobre todo, hay que estudiar siempre lógicas criminológicas y medios criminales. Sin estos estudios previos, estamos trabajando en base a intuiciones y planteamientos demagógicos que, al final, nos van a explotar en la cara.
Planteamientos relacionados al manoseo político…
Sí, en todo. Esa concepción que con la ley dura se resuelve los problemas del desajuste social, no es así. No obstante, hay que enfrentar estos problemas serios como la violencia patrimonial o la organizada, con mecanismos procesales flexibles, rápidos, coherentes, dentro de la Constitución. También debemos tener presente que toda la planificación social y política del estado tiene que ir de la mano con los instrumentos penales. Un desajuste en esto va a determinar que, evidentemente, lo penal sea rebasado y, luego, de manera populista, se quiera echar la culpa a las instituciones penales y no se vea que el problema es anterior. Lo penal viene al último.
“Un nuevo código penal puede ser eficaz, siempre y cuando, se tenga clara la construcción de políticas públicas en el campo social de lucha contra la criminalidad”, afirma el Dr. César San Martín.
Uno de los organismos del sistema penal siempre criticado es el INPE. ‘Las cárceles son una fábrica de delincuentes’, dice la gente o los diversos grupos políticos, ¿esto es así?
El INPE es uno de los pasos finales en la lucha contra la criminalidad y uno de los sectores más olvidados. No le pidan 100 si le entregan 20. El problema del INPE no solo se asienta en sus características internas, sino que es el resultado final de una serie de desajustes a nivel de la planificación de la criminalidad, de respuesta penal frente al crimen y del uso de la pena privativa. El INPE es parte del sistema que se encuentra en crisis.
¿Es complicado privatizar las cárceles?
Fíjese, no se trata de negar ni afirmar sus bondades. Una solución flexible es posible. Pero si el conjunto no se ordena adecuadamente, si no se tienen claras las metas o las fases del trabajo penitenciario y la respuesta penal frente a la criminalidad, entonces que este servicio sea público o privado no ayudará a resolver el problema. Tienen que darse pasos previos, que luego se proyecten racionalmente sobre el elemento penitenciario. Que haya un sistema de tercerización que considere penales privados, no merece una respuesta absoluta. Tenga en cuenta que, a diferencia de cualquier otra concesión, en los penales no hay retorno, es pura inversión del estado, no es como una carretera que se recupera con los peajes. El debate no debe centrarse en la privatización o la inversión pública de las cárceles.
En estos últimos años se han creado sanciones penales para delitos específicos contra ‘minorías sociales’, ¿qué opinión tiene de ellas?
Todo esto es resultado de la evolución del sistema de derechos humanos. Estas llamadas minorías que reclaman protección penal y social específica, contra los crimines de odio y de discriminación, merece todo el respaldo y reconocimiento de la ley. El problema está en fijar los criterios precisos y coherentes que permitan la mejor protección. Según esta realidad, creo que hay minorías que merecen, una particular protección por su gran vulnerabilidad: niñez, mujeres, minorías culturales, ancianos. Es inevitable y debemos adaptarnos. Todos los seres humanos, por su dignidad de personas, merecen la protección de la ley. Y cada situación, con rasgos de especificidad, merece un abordaje distinto.
¿Encuentra una voluntad hoy, en todos los actores de la sociedad, para realizar una reforma al Código Penal?
Creo que empieza a vislumbrarse una corriente de opinión en la línea de una reforma profunda del ordenamiento penal. Por ello, existe la posibilidad de construir un Código Penal de la democracia del siglo XXI. Esta reforma merece mucha reflexión, nos faltan muchos análisis empíricos en el lenguaje criminal. No pensemos en lo inmediato, sino en el mediano y largo plazo. Un nuevo código penal puede ser eficaz, siempre y cuando se tenga clara la construcción de políticas públicas en el campo social de lucha contra la criminalidad, porque el Código Penal es parte de una cadena: de nada vale avanzar por un lado si lo demás es un desbarajuste.
César San Martín Castro
- Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también obtuvo su maestría en Ciencias Penales. Su grado de doctor lo obtuvo en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa.
- Ha trabajado como juez instructor provisional en la Corte Superior de Justicia del Callao, Vocal Titular de la Sala de antiterrorismo de la Corte Superior de Lima, Asesor de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia, Vocal de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, presidente de la Corte Suprema de Justicia y es Vocal Supremo.
Cifras
7 de abril del 2009, San Martín sentenció a Fujimori a 25 años de prisión, por delitos de lesa humanidad.
30 de diciembre de 2009, la Corte Suprema de Justicia confirma la sentencia al expresidente.
13 de diciembre de 1991, se promulgó el Código Penal Peruano.
